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La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha acudido este viernes a prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la ciudad como imputada por en un supuesto  delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación denunciado por el Grupo Municipal Popular, y lo ha hecho, según ha manifestado, "con el ánimo y la tranquilidad de quien se sabe inocente".

Después de una comparecencia ante el juez, que ha durado 3 horas y media, Elia María Blanco ha reiterado ante los periodistas su tranquilidad porque asegura haber actuado “siempre al lado de la legalidad vigente”, aunque ha señalado que la función pública tiene establecidos funcionarios que deben ayudarles a cumplir con esa tarea, cada uno haciendo su parte, y que la justicia “tendrá que dirimir responsabilidades”.

La alcaldesa de Plasencia también ha destacado, a la salida de los juzgados, que el juez no le ha preguntado por ningún dinero, ni cuenta corriente y ha mantenido que en este caso “estamos hablando de procedimiento administrativo” a pesar de lo se diga por parte de la acusación del Partido Popular.

Tras explicar que está más descansada después de haber respondido al juez, preguntada por los medios de comunicación sobre las observaciones que habría hecho el interventor del ayuntamiento placentino, Elia María Blanco ha dicho que  “cada uno debe hacer su trabajo y hacerlo bien, porque si no las consecuencias pueden ser de espectáculo mediático".

Ya a su llegada al Juzgado diez minutos antes de las 9 de la mañana, la alcaldesa había expresado su consideración de que  el "espectáculo mediático que el Partido Popular pretendía, lo está consiguiendo", aunque dijo que ya sabía que esto iba a ser así, "porque-según sus palabras- conocen los procesos y los procedimientos y los están utilizando como tal".

Esta actuación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el Grupo Municipal Popular al comienzo de la presente legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales. Las supuestas irregularidades tienen que ver con el presunto fraccionamiento para evitar la licitación pública del importe de distintas obras,  adjudicadas directamente a un constructor de la cuidad.

Tras la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres, el Juzgado placentino decidió abrir el periodo de instrucción.

Así, desde el mes de octubre han sido llamados a declarar como imputados  los ediles socialistas Blas Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho, el interventor municipal, Roberto del Olmo, el constructor José Antonio Romero y al secretario municipal, Antonio Jesús Santibáñez.

 También han prestado declaración en calidad de testigos el arquitecto y la aparejadora municipales.