La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso de apelación presentado por la concejala regionalista en el Ayuntamiento de Plasencia Mónica García, contra el auto dictado el pasado 15 septiembre por el juez que instruye el caso de supuestas irregularidades en la adjudicación de obras.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia dictó un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra siete de los nueve imputados inicialmente y exoneraba de "cualquier tipo de responsabilidad penal" al interventor, Roberto del Olmo, y al secretario municipal, Antonio Jesús Santibáñez.
La ex alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco; los concejales Francisco Barbancho y Mónica García; los ex concejales Enrique Tornero, Blas Raimundo, y Pablo Antonio Sánchez del Mazo; y el constructor placentino José Antonio Romero tuvieron una actuación, según el juez, que puede ser constitutiva de delito y, por lo tanto, los mantiene en el proceso penal.
En este sentido, la defensa de la edil Mónica García interpuso un recurso de reforma contra el auto del 15 de septiembre, que fue desestimado con fecha 27 de octubre, interponiéndose contra esta resolución recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado, al igual que hiciera la pasada semana con los presentados por Elia Blanco y Francisco Barbancho, el recurso de apelación presentado por la concejala de Coalición Extremeña Prex-Crex contra el auto dictado el pasado 15 septiembre. Según ese auto, el magistrado considera que Blanco, Tornero, Raimundo, Barbancho y Romero podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, y trafico de influencias. En el caso de Mónica García y Pablo Antonio Sánchez del Mazo, pudieron haber incurrido tanto en un delito de prevaricación como en otro de tráfico de influencias.
La actuación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Plasencia al comienzo de la pasada legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales, investigación que se tornó en denuncia por parte de la Fiscalía Provincial en agosto de 2010 contra los ahora ex ediles Enrique Tornero y Blas Raimundo. Las presuntas irregularidades tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente al constructor imputado y evitar así la licitación pública.
